Menor indígena víctima de violación por un grupo de soldados del Ejército

El pasado 22 de junio de 2020, la comunidad indígena del  resguardo Gito Dokabú de la etnia Embera Chamí, ubicado en el occidente de Risaralda, denunció a siete soldados adscritos al Batallón San Mateo de Pereira, por acceso carnal violento a una menor de 12 años integrante de dicha comunidad.

Por: Valentina Giraldo Martínez – @vgiraldo13

El abuso sexual se reportó en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio Pueblo Rico, Risaralda. Los responsables serían un grupo de soldados pertenecientes al Batallón San Mateo de Pereira, el cual hace parte de la brigada VIII del Ejército Nacional de Colombia; esta misma unidad emitió posteriormente un comunicado de prensa, en el cual anunció el inició de la respectiva investigación a los presuntos agresores de la menor.

La hermana mayor de la menor relató los hechos de la violación. Inicialmente cuenta que el pasado 21 de junio, alrededor de las 5:00 p.m. su hermana salió a buscar unas frutas. “Dijo que iba a traer unas guayabas para hacer jugo y ella se fue, y nada y nada, no llegó y en la casa estaba la comida y nada. Ahí fue que comenzamos a buscar y mi mamá comenzó a llorar y a buscar. Hasta las tres de la mañana vino a descansar un momento porque yo le dije que descansara, que esperara a que amaneciera porque íbamos a buscarla. Y fuimos a buscarla y ya fue que encontramos a mi hermana”, dijo la hermana de la niña.

La víctima llegó a su casa al siguiente día de su desaparición e inmediatamente le confesó a Felicinda su hermana, todo lo que le había sucedido.

“Ella nos contó a nosotros que unos soldados la violaron, la cogieron a la fuerza, le taparon la boca y no le dejaron gritar (…) Después la cogieron otra vez, y otro soldado la cogió otra vez a la fuerza y la violaron allá. Los soldados le dijeron que no dijera nada porque la iban a demandar, entonces ella dijo que no iba a decir nada”, relató su hermana en una entrevista que realizó a la Revista Semana.

La menor de edad indígena fue trasladada al puesto de salud del corregimiento para ser valorada por el personal de la salud. En este lugar llegó la Unidad de Infancia y adolescencia y la  Comisaria de familia de Pueblo Rico, para iniciar el proceso de restitución de derechos. En ese momento se confirmó 7  soldados, los cuales agredieron sexualmente a la menor indígena, sin embargo, se desconoce las identidades de los soldados involucrados en este caso de abuso sexual.

Por otra parte, una comisión del Instituto de Medicina Legal y de la Sijín de la Policía, llegó alCorregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico,para iniciar la investigación judicial del caso.

El presidente Iván Duque se pronunció a través de su cuenta en twitter con el siguiente tweet:

 

El hecho también fue rechazado por la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, quien en su cuenta de twitter aseguró la reactivación la ruta de atención de restablecimiento de derechos.

Del mismo modo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, publicó un tweet en el cual demostró su rechazo por el abuso sexual que vivenció la menor indígena.

La Sociedad Civil por la Niñez, también demostró su inconformidad mediante su cuenta en twitter

El comandante del Ejército Nacional de Colombia, Enrique Zapateiro aseguro que rechaza y condena el abuso sexual de la menor, en su cuenta de twitter por medio de un hilo.

Por otra parte, el Mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante de la quinta división, aseguró que la Fiscalía General de la Nación asumió el caso de acceso carnal violento contra la menor por parte del grupo de soldados del Ejército Nacional de Colombia y  también asigno a una fiscal de la Seccional de Risaralda.

“La denuncia fue instaurada de manera penal ordinaria y se siguen los parámetros que a esto corresponde; este caso tampoco será tratado por la Justicia Penal Militar, por eso nos regimos a lo que indique la Fiscalía”, aseguró el oficial.

El comandante también aseguró que los soldados responsables del abuso sexual contra la menor tienen entre 18 y 21 años, los cuales se encontraban prestando el servicio militar obligatorio.

“Llevaban un año en servicio. Les faltan seis meses para cumplir el tiempo”, confirmó el oficial.

Por su parte Juan de Dios Quragama gobernador del resguardo Gito Dokabu–embera katio de Pueblo Rico, Risaralda expresó mediante un comunicado de prensa, que la niña fue secuestrada por el grupo de militares y adicional exigió  que los militares fueran procesados  y juzgados por la justicia indígena.

“Exijo, como autoridad mayor, que los agresores sean entregados para que desde nuestra propia autoridad y autonomía puedan ser juzgados, y una vez paguen su condena bajo nuestra propia legislación, sean juzgados por las leyes de ustedes”, expresó el gobernador indígena. Para el 25 de junio de 2020 se confirmaron que fueron 8 soldados en  total los  involucrados en el abuso sexual contra la menor indígena embera.

La comisión de la verdad mostró su rechazo mediante un comunicado en donde afirma que “La Comisión de la Verdad rechaza con dolor e indignación la violación de la niña Embera Chamí por ocho “machos” del Ejército en acto brutal que ataca la dignidad de la niña, la mujer y del pueblo Embera. Este acto levanta interrogantes sobre la moral en el Ejército y nos llama a reconocer la verdad del machismo y el racismo que somos como sociedad; y a cambiar radicalmente para poder construir el futuro incluyente y humano a que tienen derecho todos los niños y niñas de Colombia.

Cabe recordar que existe un protocolo de prevención de violencia sexual para las Fuerzas Armadas, este protocolo fue promovido por “NO ES HORA DE CALLAR” en el año 2012  y el entonces Ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón lo sancionó y entró en vigencia a partir de noviembre del mismo año.

El protocolo brinda herramientas a cada miembro de la fuerza pública:  la Policía Nacional de Colombia,  la Armada Nacional, la  Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional de Colombia; con el fin de generar conciencia en preservar la integridad y los derechos humanos de los civiles que ellos protegen y están presentes en la Constitución Política de Colombia. Asimismo,  recordar que es su deber conservar y preservar los derechos que tienen los colombianos.

Específicamente, la violencia sexual a mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad y tienen el mismo derecho de recibir igual justicia que otra persona que no esté amparada por las leyes castrenses.

Es importante tener conocimiento de las líneas de atención para los casos de vulneración de los derechos, ya sea de niños o adultos, mujeres u hombres. La Secretaría de la Mujer creó la Línea Purpura Distrital y  la línea de atención para la protección de niños, niñas y adolescentes:

Finalmente, en las horas de la tarde del 25 de junio de 2020 en la ciudad de Cali, el juez Francisco Barbosa, indicó que se recolectaron más de 40 elementos probatorios en el caso, y con ellos se imputaron cargos y se impuso medida de aseguramiento intramural en guarnición militar contra los  soldados involucrados en el abuso sexual de la menor indígena, los cuales  aceptaron el delito de acceso carnal abusivo a menor de 14 años agravado.

La denuncia de la menor de 12 años de la comunidad indígena del resguardo Gito Dokabú de la etnia Embera Chamí, provocó un gran rechazo por parte de todos los colombianos, principalmente del presidente Iván Duque, quien hizo una advertencia imposible de cumplir sobre la cadena perpetua para violadores a niños: “si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos”.

 

 

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