Violencia contra líderes sociales en Colombia: Un desafío judicial urgente
La defensa de los derechos humanos en Colombia se enfrenta a una violencia alarmante que cobra la vida de líderes sociales con preocupante frecuencia.
Con corte al 21 de febrero de 2024, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) confirmó la muerte de 20 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos; además de 11 masacres y 5 firmantes al acuerdo de paz asesinados. Estas cifras escalofriantes resaltan la urgente necesidad de proteger a quienes se dedican a luchar por la justicia y la dignidad de los más vulnerables en el país.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en septiembre de 2016, el panorama es desolador. Se ha confirmado la muerte de más de 1461 defensores de derechos humanos; además, se han registrado 453 masacres desde 2018, y 413 firmantes del acuerdo de paz han perdido la vida en actos violentos. Estas cifras son un recordatorio sombrío de los desafíos persistentes que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz y la justicia.
En las últimas horas, fue confirmado el asesinato de Graciel Mendoza, participante activo de la mesa municipal de víctimas de Tame en Arauca, donde fue asesinado y sus agresores aún no han sido identificados.
Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana 011/2023, que abarca la región de Tame, junto con la alerta temprana 019/2023 dirigida a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, asegurando lo demandante y peligroso que es el entorno al que se deben exponer quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social.
El país genera un enorme rechazo y exige investigar exhaustivamente y sancionar ejemplarmente los ataques contra defensores de derechos humanos. La comunidad internacional también tiene un papel crucial que desempeñar en la protección de los defensores de derechos humanos en Colombia.
En su reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que se deben redoblar los esfuerzos de cooperación y solidaridad para garantizar que aquellos que están en la primera línea de la lucha por la justicia reciban el apoyo y la protección que merecen
Además, se confirmó que las regiones donde más se reportan líderes sociales y defensoras de derechos humanos asesinados, tienen una severa influencia por parte de disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo, que se debaten constantemente el poder sobre los territorios y los pasos de droga.
Proteger a los defensores de derechos humanos es una necesidad imperiosa para construir una sociedad más justa, pacífica y democrática en Colombia. Solo cuando aquellos que levantan la voz en nombre de los derechos humanos puedan hacerlo sin temor a represalias, el país podrá avanzar verdaderamente hacia un futuro de paz y prosperidad para todos sus ciudadanos.
