Entre el “consenso” de la derecha y las dudas del progresismo
En año electoral, la diversidad vuelve a ser protagonista del discurso político. Pero en un país que lidera cifras de violencia contra personas LGBTIQ+, la pregunta no es quién habla de derechos, sino quién está dispuesto a garantizarlos.
Por: Adrián Paz
Colombia llega a las elecciones presidenciales de 2026 cargando una cifra que debería avergonzar a cualquier democracia: 175 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en el último año. Más alarmante aún, informes regionales señalan que el país concentra una parte desproporcionada de los crímenes contra mujeres LBT en América Latina, con niveles de impunidad que rozan lo absurdo: de decenas de casos, apenas un puñado termina en condena.
Casos como los de Sara Millerey, Luisa Fernanda Parra o Nawar Jiménez no son hechos aislados. Responden a un patrón de violencia que busca disciplinar identidades a través del miedo, mientras el Estado llega tarde —o no llega—. En este escenario, la agenda de derechos deja de ser un tema simbólico: es, literalmente, una cuestión de supervivencia.
La deuda de un Estado que no protege a la comunidad
La comunidad LGBTIQ+ enfrenta hoy dos batallas urgentes. La primera es la aprobación de la Ley Integral Trans (Proyecto de Ley 122 de 2024), una iniciativa que va mucho más allá del cambio de nombre en la cédula. Se trata de una apuesta de reparación para una población cuya expectativa de vida en Colombia apenas ronda los 35 años.
El proyecto propone medidas concretas: incentivos para el acceso laboral que rompan el círculo de exclusión, acceso a procesos de hormonización y cirugías sin intermediación judicial, protocolos educativos contra el acoso y programas de vivienda y vejez digna para personas trans que han sido expulsadas históricamente de sus entornos familiares y sociales.
La segunda deuda es la prohibición definitiva de las ECOSIEG, mal llamadas “terapias de conversión”, prácticas que organismos internacionales han catalogado como tortura. A pesar de ello, en Colombia siguen operando bajo el amparo de dogmas religiosos y silencios políticos que las legitiman indirectamente.
Candidaturas bajo la lupa
En medio de este panorama, el análisis de las candidaturas revela una constante: la coherencia es el bien más escaso.
Claudia López se posiciona como la opción de representación directa más sólida. Su propuesta busca escalar a nivel nacional políticas implementadas en Bogotá, como el Sistema Distrital de Cuidado y rutas de atención inmediata para violencias. Su enfoque convierte la identidad en gestión pública: pasar de la tolerancia discursiva a la garantía material de derechos.
La fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo encarna una paradoja política. Oviedo, como hombre abiertamente gay, aporta una visión técnica de inclusión, pero su alianza con un sector históricamente opuesto a leyes de igualdad abre una pregunta inevitable: ¿puede una figura diversa transformar una estructura política tradicionalmente conservadora, o termina funcionando como un escudo simbólico?
En el caso de Iván Cepeda, heredero político del actual gobierno, su programa plantea una “revolución ética” con énfasis en la protección de líderes sociales y poblaciones históricamente vulneradas, incluyendo a la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, ese discurso convive con una tensión que golpea la credibilidad del sector. No solo persiste la ambigüedad frente a la prohibición de las terapias de conversión, sino que resurgen antecedentes incómodos: el presidente Gustavo Petro fue señalado por el bailarín Nerú de haberle dicho en 2014 “tú no eres gay”, además de haberlo acompañado —según el propio artista— en un proceso de “curación” ligado a prácticas religiosas. Estos episodios toman mayor peso en un contexto donde, entre 2022 y 2025, Colombia lideró las cifras de transfeminicidios en la región, pese a tratarse del llamado “gobierno del cambio”, que prometía una protección reforzada para estas poblaciones. La falta de avances estructurales frente a esta violencia y el silencio frente a prácticas como las ECOSIEG alimentan una crítica creciente: que, incluso dentro del progresismo, la diversidad puede ser un capital político relevante en campaña, pero insuficiente cuando se trata de enfrentar de manera decidida las violencias que siguen costando vidas.
Carlos Caicedo de Fuerza Ciudadana, propone un modelo de Salud Pública con Enfoque Diferencial. Su apuesta busca descentralizar los servicios de tránsito de género y atención especializada, llevándolos más allá de Bogotá hacia las zonas rurales donde la violencia es más cruda. Para Caicedo, la identidad no debe ser un privilegio de capital, sino un derecho garantizado por una red de salud pública que reconozca las realidades diversas en todo el territorio nacional.
Por su parte, Sergio Fajardo propone una ruta basada en el fortalecimiento institucional y la educación como herramienta de transformación social. Su enfoque incluye el cumplimiento estricto de las sentencias de la Corte Constitucional en materia de derechos LGBTIQ+, así como la implementación de una educación sexual integral que contribuya a desmontar prejuicios desde las aulas. Aunque su propuesta se sostiene en la legalidad y la prevención a largo plazo, ha sido criticada por no responder con suficiente contundencia a la urgencia actual, especialmente frente a la necesidad de medidas específicas como la aprobación de la Ley Integral Trans o acciones directas para frenar la violencia contra personas diversas.
Es necesario precisar que el resto de las candidaturas en el tarjetón de 2026 —como las de Abelardo de la Espriella, Mauricio Lizcano, Santiago Botero, Etc…— carecen de propuestas explícitas para la población LGBTIQ+. Sus programas apelan a una “igualdad” genérica o se alinean con la defensa de la “familia tradicional”, invisibilizando las violencias específicas aquí denunciadas. En política, lo que no se nombra no existe, y su silencio frente a la crisis de transfeminicidios es, en sí mismo, una declaración de principios.
Representación vs. instrumentalización
El panorama deja una conclusión incómoda: ni el progresismo es garantía automática de avance, ni la derecha es un bloque homogéneo imposible de transformar. Sin embargo, los hechos obligan a una lectura crítica: la falta de avances estructurales y las ambigüedades frente a temas urgentes han erosionado la confianza en quienes históricamente se han presentado como aliados naturales.
Al mismo tiempo, la inclusión de figuras diversas en sectores conservadores abre un debate de fondo sobre los límites de la representación individual frente a estructuras políticas que no necesariamente cambian al mismo ritmo.
El voto como resistencia
En un país donde ser diverso sigue siendo una condición de riesgo, el voto en 2026 no puede ser un acto de fe ni una adhesión emocional. Debe ser una herramienta de exigencia.
Porque no basta con discursos incluyentes ni con banderas ondeadas en junio. Lo que está en juego es la aprobación de leyes, la asignación de recursos y la construcción de políticas públicas que salven vidas.
La historia reciente ha demostrado una verdad incómoda pero necesaria: a nadie le importan estos derechos tanto como a quienes los han tenido que defender en carne propia.
En 2026, con 175 vidas menos y una justicia que apenas responde, el país enfrenta una decisión de fondo: seguir tratando la diversidad como capital electoral o asumirla, por fin, como una obligación democrática.
