La JEP activa seguimiento para preservar la vida de los firmantes de la paz 

La JEP realizará en Pitalito Huila, este 26 de febrero, una audiencia donde el principal objetivo es instaurar medidas para proteger a quienes dejaron las armas y buscan la paz. 

Por. Camilo Andrés Sánchez Rodríguez 

Según la Unidad de Investigación y Acusación, en los últimos siete años se han perpetrado 415 crímenes en contra de ex FARC. De ellos 38 han sido reportados en Caquetá, 15 en Huila y 35 en Putumayo. Siendo el sur del país, un foco de inseguridad para los firmantes. 

Debido a la alta cifra, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, convocó la diligencia en una de las zonas más críticas. Evento que será encabezado por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra. 

En la diligencia se tratarán los siguientes temas: Programa de Protección Integral a excombatientes, implementación territorial del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, así como los avances de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, puntualmente para los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. 

También estarán presentes: La Fiscalía General de la Nación, el Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior el Ministerio de Defensa, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y el Comando Conjunto Estratégico de Transición.  

Al evento también fueron citados los gobernadores de los departamentos más afectados, así como las autoridades locales de esta región en donde los firmantes del Acuerdo llevan a cabo su proceso de reincorporación. 

Finalmente, por parte de las organizaciones de la sociedad civil estarán: Partido Comunes, Consejo Nacional de Reincorporación, la Comisión Nacional de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el Instituto KROC y el Ministerio Público.