Defensoría cuestiona la libertad de Jose David López Celis en el caso de feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres
El feminicidio es una de las formas más graves de violencia contra las mujeres. Las decisiones sobre medidas de aseguramiento deben adoptarse con debida diligencia, enfoque de género y valoración rigurosa del riesgo, no solo por el impacto social, sino porque existe una probabilidad real de que la violencia escale cuando no se adoptan medidas oportunas”, esto dijo la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo que representa dejar en libertad a José David López Celis, señalado del asesinato de Laura Valentina Lozano Torres.
Por: María Camila Hincapié
La Defensoría del Pueblo lanzó una dura crítica contra la decisión de un juez de control de garantías que permitió la libertad procesal del hombre acusado del feminicidio de la joven Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, ocurrido en el norte de la capital a finales de febrero.
El hecho conmocionó a la opinión pública entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026, en un apartamento del sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén. La estudiante universitaria de Ciencias Políticas y apasionada por el patinaje acudió al inmueble de su expareja, José David López Celis, para recoger sus pertenencias y una mascota que compartían en custodia. Laura había llegado en un servicio de transporte por aplicación; tras bajar con el perro, olvidó su celular y subió nuevamente al apartamento.
Minutos después, no regresó. El conductor del vehículo alertó a la comunidad al escuchar gritos de López Celis, quien anunciaba que se lanzaría desde el tercer piso porque había matado a la joven. Al llegar las autoridades, encontraron el cuerpo sin vida de Laura, presuntamente víctima de asfixia, y capturaron al hombre en el lugar.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento, realizada el 25 de febrero, la Fiscalía solicitó detención intramural por el delito de feminicidio. Sin embargo, el juez negó la imposición de prisión, argumentando que el imputado no representaba un peligro para la sociedad ni para otras mujeres, que no existía riesgo suficiente de reincidencia o de obstrucción a la justicia, y que contaba con arraigo familiar y laboral. Además, de forma preliminar, sugirió que los hechos podrían encajar en homicidio preterintencional, es decir, sin intención directa de matar, aunque con resultado fatal, en lugar de feminicidio agravado. Así, López Celis quedó en libertad mientras avanza la investigación penal.
Esta resolución generó indignación inmediata en la familia de la víctima y en diversos sectores sociales. La Defensoría del Pueblo fue una de las voces más contundentes al pronunciarse públicamente a través de su cuenta en X.
Según información pública, un juez de control de garantías decidió dejar en libertad al presunto feminicida de Laura Lozano. El juzgado habría tomado la decisión bajo el argumento de que el señor no representaba un peligro para la sociedad.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol)
February 26, 2026
La entidad subrayó que las medidas de aseguramiento en casos de violencia contra las mujeres deben adoptarse con debida diligencia y una evaluación estricta del nivel de riesgo, no solo por el impacto social, sino por la posibilidad real de que la violencia escale si no se actúa con oportunidad desde la Rama Judicial.
“Según información pública, un juez de control de garantías decidió dejar en libertad al presunto feminicida de Laura Lozano. El juzgado habría tomado la decisión bajo el argumento de que el señor no representaba un peligro para la sociedad”, señaló la Defensoría. Agregó que imponer medidas de aseguramiento es una herramienta esencial para prevenir la repetición de hechos de violencia de género.
La crítica de la entidad se enmarca en un contexto alarmante: en apenas los primeros 55 días de 2026, la Defensoría ha registrado al menos 28 hechos asociados a feminicidios en el país. El caso de Laura Valentina reaviva el debate sobre la necesidad de un enfoque de género más riguroso en las decisiones judiciales.
La familia y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres exigen revisar los criterios utilizados en este fallo y garantizar que el proceso avance con celeridad y perspectiva de género, mientras el país sigue contando las víctimas de una violencia que, una vez más, encuentra eco en la impunidad.
