Pero… ¿Cómo va el tema del salario mínimo de 2026?

El pasado 13 de febrero El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo, en un país donde millones de familias dependen del salario mínimo para sobrevivir, la reciente suspensión provisional del decreto que lo fijaba en $1.750.905 ha generado incertidumbre; pero esto no significa que el tema esté resuelto ni que los pagos realizados pierdan validez.

Por: Juanita Moreno

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905. Se trata de una medida provisional que no representa que esté resuelto, sino que más bien se espera la sentencia sobre la legalidad.

Para el Consejo de Estado, el gobierno no pudo evidenciar una sustentación suficiente de los criterios económicos exigidos por la ley para fijar el salario mínimo, lo que quiere decir que no se cuestiona el porcentaje solamente, sino que se pone sobre la mesa las justificaciones detrás de él. Según la normativa vigente, como la Ley 278 de 1996, el Gobierno debe considerar integralmente factores como la meta de inflación determinada por Banco de la República, la productividad certificada, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la protección constitucional del trabajo como remuneración mínima, vital y móvil.

Ahora lo que debe hacer el gobierno es expedir un nuevo decreto transitorio, sustentando los criterios que le han sido cuestionados. El nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales.

Mientras se espera la sentencia definitiva sobre la legalidad del decreto original, es clave destacar que no hay efectos retroactivos: los pagos ya efectuados mantienen su validez, protegiendo los derechos adquiridos por los trabajadores y evitando devoluciones que podrían desestabilizar hogares.

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, citando un estudio del economista Daniel Ossa, doctor en economía y profesor de la Universidad de Denver. Petro argumentó que, desde 2002 y en contra de la sentencia C-187 de 1999 de la Corte Constitucional, se ha separado la productividad laboral del salario real, favoreciendo la primera. Para cerrar esta brecha, sugirió que el salario mínimo vital debería ser de $2.155.000 mensuales.

En su análisis, Ossa explica una regla básica: si la economía es más productiva, los salarios deberían crecer acorde para mantener la participación en el PIB de quienes devengan el mínimo. Esta perspectiva pone el foco en la distribución equitativa del crecimiento económico, un tema central para la justicia social en Colombia.