Gobierno Nacional anuncia la reglamentación de la gratuidad en universidades públicas
Se estima que tendrá un costo de 18 billones y será firmada por el presidente Gustavo Petro durante el mes de noviembre.
El Gobierno se prepara para hacer realidad el decreto en el que se reglamenta la ley de gratuidad en la educación superior pública en Colombia. Esta ley fue sancionada el 31 de julio de 2023 y establece los requisitos para que los ciudadanos puedan acceder a este importante beneficio.
Se prevé que el decreto será firmado a mediados de noviembre. Según estimaciones basadas en el documento Conpes 4040 de 2021 (“Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para Fortalecer el Desarrollo Integral de la Juventud”), su implementación costará al país un total de $17 billones durante los próximos 10 años.
Asimismo, los recursos para 2024 están asegurados, incluidos en el proyecto de la Ley de Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República. Sin embargo, para los siguientes años, será necesario incluir está partida en el presupuesto general del país.
Es importante destacar que el programa de gratuidad cubrirá el valor de la “matrícula ordinaria neta”, excluyendo otros gastos como derechos pecuniarios (obligación cuya prestación consiste en el pago de una suma de dinero) por cursos intersemestrales, derechos de grado y otros cargos adicionales. Además, en el caso de una persona que curse más de un programa de pregrado al mismo tiempo, solo se cubrirá la matrícula de uno de ellos.
Por otro lado, se establecerá una junta administradora de la política de gratuidad para evaluar los casos y asegurarse de que se cumplan los requisitos para acceder al beneficio. El Ministerio de Educación será el ente encargado de definir los criterios de priorización y adjudicación del beneficio.
El decreto establece que anualmente se asignarán los recursos necesarios desde el Presupuesto General de la Nación, garantizando así el pago de la matrícula de los estudiantes de familias más vulnerables que cursen programas de pregrado en instituciones de educación superior públicas.
Finalmente, La Ley 2307 del 31 de julio de 2023 también establece que los beneficiarios de esta política serán personas de poblaciones vulnerables como víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas como indígenas, raizales, afrodescendientes, madres cabeza de familia y personas que posean algún tipo de discapacidad.
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