Defender un territorio también puede costar la vida: la violencia contra líderes sociales en Colombia
En Colombia, ejercer un liderazgo comunitario continúa representando un riesgo en diferentes regiones del país. Entre enero y agosto de 2026 la Defensoría del pueblo y organizaciones como Indepaz han registrado más de 100 homicidios de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, con Cauca, Antioquia y Arauca entre los departamentos que concentraron más casos. Detrás de las cifras hay investigaciones con diferentes avances, posibles responsables y, en la mayoría de los casos preguntas que todavía no tienen respuesta.
Por: Angie Paola Figueredo Medina
Un problema que se concentra en los territorios
Los asesinatos de líderes sociales no se distribuyen de manera uniforme en Colombia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de los 67 casos registrados durante los primeros cinco meses de 2026, 16 ocurrieron en Cauca, 11 en Antioquia y 6 en Arauca. Los otros 34 casos se distribuyeron entre diferentes departamentos.
La situación tampoco es reciente. La Fiscalía General de la Nación reportó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2024 tuvo conocimiento de 1.372 casos de homicidios de lideres defensores de derechos humanos. De estos, 1.322 son investigados por la Fiscalía en la jurisdicción ordinaria y el 68 % ocurrió en zonas rurales.
La Fiscalía también encontró que el 52 % de los homicidios investigados se concentra en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Los datos muestran una característica común: buena parte de esta violencia ocurre lejos de los principales centros urbanos, en territorios donde diferentes actores armados y organizaciones criminales mantienen disputas por el control territorial.
¿Por qué asesinan a los líderes sociales?
No existe una única causa detrás de estos homicidios. Los informes de las autoridades y organismos internacionales identifican diferentes factores que pueden estar relacionados con la violencia contra quienes ejercen labores de liderazgo y defensa de derechos humanos.
La Fiscalía ha señalado que entre las víctimas aparecen líderes comunales, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes. En algunos territorios, estas personas tienen un papel activo en la defensa de sus comunidades, la denuncia de actividades ilegales y la protección del territorio.
El informe de ONU Derechos Humanos sobre Colombia, que analiza el periodo 2022-2025, documentó 410 homicidios de personas defensoras durante esos cuatro años. Según el organismo, el 73 % de estos casos podría corresponder a actores armados no estatales, mientras que otros estarían relacionados con organizaciones criminales o permanecen sin un responsable identificado.
La ONU también identifica entre los factores de riesgo la presencia de conflictos armados, economías ilícitas, disputas por la tierra, actividades relacionadas con narcotráfico y minería ilegal, así como la débil presencia institucional en algunas zonas.
Sin embargo, estos factores no permiten atribuir automáticamente cada asesinato a un determinado grupo. La responsabilidad y el motivo de cada homicidio deben establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Cauca, uno de los departamentos más afectados
Cauca aparece de manera constante entre los territorios con mayor número de asesinatos de líderes sociales.
La Defensoría del Pueblo registró 31 homicidios de liderazgos sociales y personas defensoras durante 2024 y otros 29 casos entre enero y septiembre de 2025 en el departamento.
Uno de esos casos fue el de Carmelina Yule Paví, lideresa del pueblo Nasa, asesinada el 16 de marzo de 2024 en Toribío.
Yule Paví hacía parte del Tejido Mujer del Resguardo Indígena de Toribío y desarrollaba labores de liderazgo dentro de su comunidad. Su asesinato fue atribuido inicialmente al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC.
El caso ha continuado en las investigaciones de la Fiscalía. En 2026, la entidad señaló a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, como presunto responsable dentro de una investigación relacionada con el homicidio. el homicidio. La Fiscalía ha señalado que el asesinato de Yule Paví hace parte de los hechos utilizados para sustentar actuaciones judiciales contra integrantes de esa estructura.
La precisión es importante: se trata de una hipótesis y atribución de la Fiscalía, no de una condena que establezca judicialmente que Calarcá ordenó el asesinato.
Cuando la causa de muerte todavía está en discusión
No todos los casos registrados como asesinatos de líderes sociales tienen una conclusión oficial.
Uno de ellos es el de Jorge Luis Burgos, docente y líder social de Montería, cuya muerte ocurrió el 7 de enero de 2026 en el corregimiento de Tres Palmas.
Indepaz lo incluyó dentro de su registro de líderes sociales asesinados en 2026. Sin embargo, la Policía informó que las circunstancias del caso también permitían considerar la posibilidad de un suicidio y señaló que correspondía a Medicina Legal y a la Fiscalía determinar la causa de la muerte.
Por eso, el caso de Burgos continúa siendo un ejemplo de la importancia de diferenciar entre un registro de organizaciones sociales y una conclusión judicial. Presentarlo directamente como un homicidio confirmado podría anticipar una conclusión que todavía corresponde establecer a las autoridades.
Carlos Alberto Sánchez y el liderazgo comunal
Otro de los casos registrados a comienzos de 2026 fue el de Carlos Alberto Sánchez Hernández, presidente de una Junta de Acción Comunal de Cucutilla, Norte de Santander.
Sánchez fue asesinado el 13 de enero de 2026. Indepaz lo incluyó en su registro de líderes sociales asesinados y medios locales reportaron que su familia pidió evitar especulaciones mientras avanzaban las investigaciones.
Su muerte ocurrió en una zona en la que existe presencia de diferentes estructuras armadas. Sin embargo, la presencia de estos grupos en el departamento no permite atribuir automáticamente el crimen a alguno de ellos. Para establecer quién fue responsable y cuál fue el motivo del ataque se requiere el resultado de la investigación de las autoridades.
972 nombres detrás de una década de violencia
La dimensión del problema también puede observarse desde una perspectiva más amplia. ONU Derechos Humanos documentó 972 homicidios de personas defensoras de derechos humanos entre 2016 y 2025.
Las cifras de las organizaciones no siempre coinciden. Esto ocurre porque cada institución utiliza criterios y metodologías diferentes para identificar y registrar a las víctimas. Por esa razón, más que buscar una única cifra definitiva, los informes permiten observar la persistencia de la violencia y los territorios donde esta se concentra.
Además de los homicidios, los líderes sociales enfrentan amenazas, desplazamientos y otras formas de violencia que pueden afectar los procesos organizativos de sus comunidades.
Más allá de las cifras
Un líder social no es únicamente un número dentro de un informe. Puede ser quien representa a una junta comunal, acompaña a una comunidad indígena, defiende una organización campesina o denuncia situaciones que afectan a su territorio.
Los casos de Carmelina Yule Paví, Jorge Luis Burgos y Carlos Alberto Sánchez muestran que tampoco existe una única historia detrás de cada muerte. Mientras en algunos procesos las autoridades han señalado posibles responsables, otros todavía permanecen bajo investigación y sus circunstancias no están completamente esclarecidas.
La violencia contra los liderazgos sociales, entonces, no solo plantea la necesidad de esclarecer cada homicidio, sino también de garantizar condiciones para que las comunidades puedan ejercer su derecho a organizarse y defender sus territorios.
Mientras las investigaciones continúan, los nombres de quienes ejercieron esos liderazgos permanecen en los registros. El desafío para las autoridades está en que esos nombres no se conviertan únicamente en cifras, sino en casos investigados y esclarecidos.
