Abelardo de la Espriella hace levantamiento a la suspensión general del porte de armas.

El levantamiento de la suspensión general del porte de armas reabre un debate que Colombia ha mantenido durante más de una década: ¿armar al ciudadano legalmente autorizado puede aumentar su capacidad de defensa o puede profundizar los problemas de violencia que ya enfrenta el país?

Por: Daniela Palacino.

El 8 de septiembre de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el Decreto 1368, mediante el cual se levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego. La decisión representa un cambio significativo en la política de control de armas que Colombia había mantenido durante los últimos años.

La medida ha sido presentada por el Gobierno como una herramienta para fortalecer la legítima defensa. De la Espriella justifica que durante años se restringió a los ciudadanos que cumplen la ley mientras los delincuentes continuaron teniendo acceso a armas ilegales. Desde esa perspectiva, permitir nuevamente el porte a quienes cuentan con los permisos correspondientes significaría devolverles una capacidad de defensa que, según el Gobierno, les había sido limitada.

Sin embargo, la decisión también ha generado críticas, pues volver a permitir el porte de armas pone sobre la mesa la preocupación de que aumente la presencia de armas en espacios cotidianos lo cual facilita conflictos que antes terminaban en discusiones o agresiones físicas se conviertan en lesiones o muertes. También existe preocupación por la posibilidad de que armas inicialmente legales sean robadas, perdidas o desviadas posteriormente hacia mercados ilegales.

¿Qué consecuencias tiene permitir que más ciudadanos estén armados dentro del contexto social y de seguridad colombiano?

Uno de los principales puntos de confusión alrededor de la nueva medida es creer que Colombia pasó a permitir el porte libre de armas, pero la verdad, es que no es así de fácil.

El sistema colombiano distingue entre tenencia y porte. El Decreto Ley 2535 de 1993 establece que las armas de fuego en manos de particulares deben contar con un permiso de tenencia o de porte, dependiendo del uso autorizado.

La tenencia permite mantener el arma en un lugar autorizado, mientras que el porte se refiere a llevarla consigo en las condiciones establecidas por la autoridad.

Por eso, el Decreto 1368 no significa que cualquier ciudadano pueda comprar un arma y salir a la calle con ella. Tampoco elimina los requisitos existentes para obtener un permiso. Lo que hace es levantar la suspensión general que impedía ejercer normalmente los permisos de porte que permanecían vigentes. Lo que significa que el cambio no consiste en crear un sistema de porte genérico, sino en modificar la política de suspensión que había restringido de manera general el ejercicio de esos permisos.

El régimen de armas para particulares en Colombia existe desde hace décadas. El Decreto Ley 2535 de 1993 estableció las normas relacionadas con la tenencia, el porte, la fabricación, comercialización y control de armas, municiones y explosivos. Desde entonces, portar un arma no ha sido un derecho automático: requiere autorización estatal.

El cambio importante ocurrió en diciembre de 2015. Mediante el Decreto 2515 de ese año, el Gobierno de Juan Manuel Santos estableció una suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional. Inicialmente, la medida tenía una vigencia limitada entre el 24 de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2016, aunque contemplaba la posibilidad de autorizaciones especiales por razones de urgencia o seguridad.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha defendido la medida desde una perspectiva de seguridad y legítima defensa. Para el presidente electo, permitir el porte legal tendría una función preventiva, un delincuente podría enfrentar mayores riesgos si sabe que una potencial víctima está armada.

El problema aparece cuando se analiza el otro lado de la ecuación.

Un arma puede utilizarse para defenderse, pero también puede transformar rápidamente una situación cotidiana en un episodio mortal.

El experto en seguridad Hugo Acero ha advertido precisamente sobre este riesgo. Su preocupación no se centra únicamente en que las armas legales terminen en manos criminales, sino en la posibilidad de que ciudadanos que poseen armas las utilicen en situaciones impulsivas o conflictos cotidianos.

Una persona puede cumplir todos los requisitos administrativos y aun así tomar una mala decisión en cuestión de segundos.

Por ahora, Colombia se encuentra ante un experimento de política pública con profundas consecuencias sociales y culturales.

Después de más de una década de restricciones generales, el país vuelve a permitir que quienes cumplen las condiciones legales puedan ejercer sus permisos de porte. 

Con esta medida, Abelardo de la Espriella busca demostrar que una sociedad con más ciudadanos armados puede ser también una sociedad más segura.