Balance 2025: comunidades Emberá regresan al Chocó y Risaralda mientras aumenta la violencia en el Cauca
La Alcaldía de Bogotá confirmó que el 12 de septiembre finalizó el retorno de más de 1.400 indígenas Emberá a sus territorios en Chocó y Risaralda. El regreso se produjo tras cuatro meses de permanencia en el Parque Nacional, donde exigían garantías al gobierno nacional frente a la escalada de violencia que, durante 2025, ha golpeado a sus comunidades
Por: Marlon Castañeda
Desde el 19 de mayo, la comunidad indígena Emberá permanecía asentada en el Parque Nacional de Bogotá tras ser desplazada por el conflicto armado. El 8 de septiembre comenzó el plan de retorno, en el que fueron incluidos 686 niños y 39 madres gestantes. Edith Romero, directora general de la Unidad de Víctimas, calificó el proceso como el retorno más grande de la historia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y colectivos indígenas advierten que la gestión del gobierno nacional sigue siendo débil frente al accionar de los grupos armados.
Balance del desplazamiento
Tradicionalmente, los pueblos Emberá han habitado territorios del Pacífico y el suroccidente del país, en departamentos como Chocó, Risaralda, Cauca, Nariño y Putumayo. Sin embargo, en los últimos años sus asentamientos en parques principales de ciudades como Pereira, Armenia, Medellín y Bogotá se han convertido malestar social. Para estas comunidades es la única salida frente a la disputa territorial de los grupos armados y la persistencia de otras formas de violencia: desde la violencia de género y las amenazas, hasta los asesinatos de líderes y el reclutamiento forzado de menores. En 2025, estas dinámicas se han agudizado, dejando cifras preocupantes de desplazamiento y confinamiento.
Según un informe del CNTI (comisión Nacional de Territorios Indígenas), en el primer trimestre del 2025 hubo un balance de 43 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, siendo los lideres indígenas y comunitarios la mayoría, lo que representa un aumento del 43% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según la defensoría del pueblo la distribución mensual de asesinatos fue la siguiente: enero (17), febrero (18), marzo (20), abril (14) y mayo (12) dejando un saldo de 81 muertes. Los departamentos que marcan una violencia sostenida y elevada son: Cauca: 16 casos, Antioquia: 10 casos, Norte de Santander: 7 casos, Bolívar: 6 casos, Putumayo: 6 casos, Nariño: 5 casos, Santander y Valle del Cauca: 4 casos cada uno.
Las cifras de los responsables:
Estás cifras de violencia se les atribuye a grupos armados post acuerdo de paz como las disidencias de las FARC representando un 28%, el ELN quien ha sido participe 14%, autores individuales un 3%, 2% paramilitares, y el 52% restante no se nidifican a los agresores.
Estas cifras corresponden a determinadas formas de violencia como amenazas, secuestros y torturas, afectando principalmente a comunidades indígenas y campesinas.
Esta ola de violencia pone en discusión las políticas de seguridad y el debilitamiento de la fuerza pública, pues se intensifica con los ataques en el cauca por las disidencias de las FARC, donde seis municipios están sufriendo las masacres y los hostigamientos.
*Foto portada: Unidad de Victimas.
